Moratoria no hipotecaria

Moratoria no hipotecaria

El 31 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto ley-11/2020, de medidas extraordinarias urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, modificado por la disposición final novena del RDL 19/2020, de 26 mayo (publicados en www.boe.es).

Dentro de dichas medidas el Gobierno de España además de reforzar la moratoria hipotecaria establece la posibilidad de que determinados deudores de financiación no hipotecaria puedan también acogerse a una moratoria de pago.

 

A efectos prácticos, ¿En qué consiste la moratoria de financiación no hipotecaria regulada en el Real Decreto?

Esta moratoria prevé que aquellos deudores que hayan visto empeorada su situación financiera y que cumplan los supuestos previstos en la norma, puedan solicitar la suspensión de los pagos de sus cuotas de su contrato de financiación durante un plazo de 3 meses inicialmente, duración que podrá ser ampliada por Acuerdo del Consejo de Ministros, no suponiendo para el deudor que en el futuro tenga que pagar más intereses derivado de este aplazamiento.

La moratoria implica el aplazamiento de pago de la financiación adeudada, no implicando por tanto la condonación de las mismas.

 

¿Quién puede acogerse a la moratoria?

Pueden acogerse los deudores que cumplan los siguientes requisitos:

 

  • Requisito 1. Que el deudor pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una caída de sus ventas de al menos el 40%.

 

  • Requisito 2. Los ingresos de la unidad familiar no pueden superar unos límites máximos. El límite es variable en función de cada familia (depende de factores como el nº de hijos, si alguno de los miembros de la familia es mayor de 65 años, si la familia es monoparental, si existen familiares en situación de dependencia…) y se establece en base al IPREM (Indicador Público de Renta a Efectos Múltiples).

 

  • Requisito 3. El esfuerzo destinado por la familia al pago de la financiación no hipotecaria, más en su caso el alquiler de su vivienda habitual, más los suministros básico (electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de propietarios ) tiene que superar al 35% de los ingresos.

 

  • Requisito 4. Cuando el esfuerzo que represente la financiación no hipotecaria más en su caso el alquiler de su vivienda habitual, sobre la renta familiar haya crecido por lo menos en un 30%.